Según los familiares de las victimas, el militar en retiro nunca aportó verdad en la justicia ordinaria y que, al contrario, tuvo una actitud “negacionista” de los hechos que podría repetir en la Jurisdicción Especial de Paz, que este viernes anunció su sometimiento a esta justicia especial y su libertad condicionada. Argumentan, además, que la sentencia de la Corte Interamericana prohibía que los responsables fueran a tribunales de justicia especial-

Como una “prolongación del pacto de silencio”, así calificaron algunas víctimas del asalto y retoma al Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar el sometimiento y otorgarle la libertad condicionada al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, el único militar condenado en la justicia ordinaria como coautor del delito de desaparición forzada en los hechos que rodearon la toma y retoma de esta sede de justicia.

Bajo el mando de Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional, se desarrolló la operación militar que buscaba retomar el control del Palacio de Justicia, luego de que un comando de la entonces guerrilla M-19 entrara y tomara como rehénes a funcionarios y empleados. La toma y retoma terminó con un saldo de cientos de muertos y al menos 12 personas desaparecidas forzadamente por parte de miembros de la Fuerza Pública, como señaló la condena contra el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Germán Romero, abogado de la familia de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, dice que al general se le condenó en derecho en la Corte Suprema de Justicia, pues fue vencido en juicio a pesar de que no aportó a la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos y actual paradero de quienes faltan, “además de los otros crímenes que se cometieron, como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas. Si él de verdad quisiera hacer un aporte a la paz y el derecho de las víctimas, desde hace mucho tiempo hubiera aportado y eso hubiese sido tenido en cuenta en su sometimiento en la JEP. Que no lo haya hecho y haga su solicitud y se le acepte tiene que ver con que está tomando esto (la JEP) como un escenario de defraudamiento a tantos años de luchas de los familiares y que la justicia ordinaria medianamente avanzó en el caso. La JEP prolonga los efectos del pacto de silencio”.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, también desaparecida durante la retoma, piensa que el general compareció ante la JEP porque “necesita quitarse ese problema judicial de encima y morir como un general no condenado. Pero no porque él vaya a hacer un gran aporte de verdad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia”.

Por su parte, Juan Francisco Lanao, hijo de la abogada Gloria Anzola, quien recuperó el cuerpo de su madre apenas el pasado 19 de septiembre de 2019, rechazó la decisión y dijo que lo más importante es que se reconozcan los delitos que se cometieron. “Estoy convencido de que se cometieron los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial contra civiles y que estas personas al igual que el expresidente Belisario Betanctur se fueron sin contar la verdad. Yo creo que se está concediendo la libertad ignorando esto y las condiciones que merecemos las víctimas para que de verdad se hagan efectivos nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación”.

Las precisiones sobre los delitos que hace Lanao son importantes, pues uno de los temores de las víctimas es que el general Arias, al igual que el general Iván Ramírez Quintero (ya sometido a la JEP), defiendan la tesis de que no hubo desaparecidos. “Cuando el año pasado se presentó el general Iván Ramírez Quintero en la JEP y fue aceptado, yo recibí una comunicación de la JEP para acreditarme como víctima, pero no lo quisimos hacer porque consideramos que tanto como Ramírez y Arias Cabrales van a llevar la tesis pública que exhibió la Fiscalía General de la Nación, de que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, sino que hubo un error en la entrega de los restos, de los cadáveresY esa tesis no la compartimos, nosotros lo que haga o deje de hacer la JEP con los militares nos tiene sin cuidado, y por eso no nos hemos acreditado como víctimas ni esperamos conocer mayor verdad de la Justicia Especial para la Paz”, dice René Guarín.

En esta misma línea respondió Pilar Navarrete, quien tuvo desaparecido a su esposo Héctor Beltrán durante 30 años. “Todo esto es un retroceso. Primero sale Uscátegui, luego Plazas Acevedo, luego Rito Alejo del Río y ahora Arias Cabrales, ¿qué está buscando la JEP, que los victimarios sean los que salgan premiados con todo lo que las víctimas hemos aportado? Así no sea para pagar cárcel sino para que cuenten la verdad sobre lo sucedido”. Sin embargo, no tiene muchas esperanzas: “Bernardo Garzón (sargento retirado) también está en la JEP por el caso del Palacio de Justicia y no han hecho sino tomarnos del pelo y decir mentiras. Queremos que digan una verdad creíble y no decir que nunca pasó nada”.

Por otro lado, el abogado Romero dijo que esta decisión de la JEP va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Colombia por la retoma del palacio y los hechos de desaparición forzada. “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente que estos casos sean sometidos a cualquier tipo de justicia especial, y la JEP, como un escenario de justicia transicional, es un escenario de justicia especial por lo cual no debería aceptar el sometimiento”.

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Foto. Cortesía de Semana