La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización y medida de aseguramiento en contra del alcalde de La Palma – Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín; y al contratista José Raúl Cruz Quintero, como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en un contrato para el suministro de productos de consumo básico y de aseo a la población vulnerable durante la pandemia del Covid-19.

Una fiscalía especializada adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cundinamarca, en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General, con base en el material probatorio recaudado, les imputó al alcalde Pulido Pulgarín y a Cruz Quintero, en calidad de coautor e interviniente, respectivamente, los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, el precio del contrato ascendió a 65 millones de pesos por los posibles sobrecostos facturados en los productos. Se evidenció que el mandatario local y el contratista, al parecer, no documentaron el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados, los kits de aseo y de seguridad personal, que debían ser destinados a las familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio de La Palma.

Se presume que se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva, toda vez que el diseño del contrato y su adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos casos.

“Desde un principio, al alcalde Pulido Pulgarín le asistía un interés por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente varias veces en los medios de comunicación; incluso, en entregarle la administración de un parque automotor del Municipio, dinero que no alcanzó a salir de las arcas de la población”, sostuvo la representante de la Fiscalía al hacer la imputación.

Al término de las audiencias, el juez les impuso la detención domiciliaria a los investigados como medida de aseguramiento preventiva.